Archive for the ‘Telefonía’ Category

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12 septiembre, 2010

Algunas reliquias de la epoca estatal aún perduran en las calles de Buenos Aires. Es el caso de una tapa de la empresa estatal de teléfonos, más conocida como ENTel, ya desaparecida, cuya privatización en la época del múltiple procesado Carlos Menem y de la condenada por varios delitos contra el Estado, María Julia Alsogaray.

Ubicada en la calle Barragan, a metros del paso a nivel de la estación Liniers, la boca del tunel de las conexiones actuales, tiene la siguiente imagen

Se ve preciosa la leyenda. “Teléfonos del Estado”. Tiempos en los que depredadores de Telefónica de España y Telecom aún no estaban. Ojalá se puedan recuperar pronto.

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Pino Solanas y la Ley de Telefonía

25 agosto, 2010

El diputado nacional, Fernando Solanas, plantea el postergado debate sobre la democratización de las redes informáticas y la telefonía celular.

El nuevo frente de conflicto abierto por la cancelación de la licencia de FIBERTEL, permite plantear el postergado debate sobre la democratización de las redes informáticas y la telefonía celular. Proyecto Sur viene sosteniendo la necesidad de regulación y control público del inmenso espacio de los medios audiovisuales y las redes informáticas. Se trata de resguardar la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho a la información verdadera, objetiva, plural y oportuna, evitando la monopolización de los espacios radiales, televisivos e informáticos. La cancelación de la licencia de Fibertel obliga a más de un millón de usuarios a cambiar compulsivamente de servidor, favoreciendo el monopolio de las dos telefónicas extranjeras (Telefónica/Telecom) . Detrás de la medida, se esconde el designio kirchnerista de seguir construyendo un nuevo grupo mediático, al que suma los medios estatales puestos al servicio del partido gobernante. La sola existencia de Fibertel y de los operadores de telefonía celular tampoco es garantía de democratización. El decreto 764, del año 2000, establece un conjunto de regulaciones de las que ningún gobierno quiso hacerse cargo para garantizar al usuario el acceso universal a Internet y a la telefonía celular con una tarifa regulada. La falta de regulación fue en detrimento de los sectores de menores ingresos, que han terminado pagando tres veces más cara la tarifa telefónica. El minuto por celular a tarjeta -el más usado por estos sectores- cuesta tres a cuatro veces más que el celular con abono. La misma escandalosa desigualdad se da en el uso de la garrafa: quienes menos tienen pagan veinte veces más que el gas natural. La caducidad de la licencia Fibertel debe dejarse sin efecto hasta tanto se vote una ley de telecomunicaciones que regule las redes informáticas y la telefonía celular, declarándolas un servicio público.

Vía Argenpress

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Despido y abuso patronal en un call center

16 julio, 2009

La Central rosarina informó hoy que en el Call Center Acceso, de la Calle Moreno 878, de la ciudad de Rosario, donde realizan habitualmente sus tareas alrededor de 20 personas, “el delegado que representa a los trabajadores Nicolás Sanfilippo, fue despedido el miércoles 8 de julio con el argumento de `mal desempeño en sus tareas laborales, acusado de violar el principio de buena fe laboral de la empresa´.

Desde la CTA Regional Rosario explicaron que las causas “que la patronal no reluce, son los descuentos de los adicionales en los recibos de haberes, descuentos en presentismos inexistentes, malas condiciones de higiene y seguridad, ninguna medida preventiva con la pandemia H1-N1 conocida Gripe A, incumplimiento de la ley 26474 donde los trabajadores que cumplen más de 32 horas semanales, deben recibir el salario como jornada completa, suspensión de una trabajadora con causas inexistentes, falta de aportes previsionales al Anses, falta de insumos, insumos obsoletos, deudas salariales, ataque a la libertad y a la democracia sindical, negando el proceso que los mismos trabajadores se dieron en el sector, violando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobado en el mes de noviembre del año pasado en la que se revaloriza la figura del delegado elegido libremente por los trabajadores del sector independientemente de la filiación gremial”.

“Desde el mes de noviembre del año 2008 los trabajadores se vienen organizando contra estos abusos patronales. La primera respuesta a los legítimos reclamos fue el despido masivo de los compañeros, que de un total de 25 empleados, 22 se quedaban sin trabajo”, agregaron en el comunicado de prensa que lleva la firma del secretario general de la CTA, Jorge Acedo, y el adjunto, Gustavo Teres.

Ante esta injusta situación se realizaron manifestaciones a las que asistieron organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas, barriales y de desocupados. En diciembre, una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, determinó la reincorporación sin excepción alguna, y con la promesa del pago salarial de los meses adeudados y las mejoras de todas las condiciones de trabajo.

Pero a más de seis meses “tenemos que decir que del acta de compromiso que surgió del Ministerio de Trabajo, las autoridades de ACCESO C.R.M. no cumplieron las mayorías de las acordadas en el acta. No invirtió un solo peso en mejorar las condiciones de trabajo y solo se verifica una sola respuesta. Más despidos, ni un solo aumento en los bolsillos de los trabajadores y haciendo pagar la crisis a quienes vienes denunciando las condiciones precarias de trabajo en las que se encuentran”.

“Esta situación -expresaron los dirigentes-, como se refleja en otros Call Centers, demuestra el estado poco saludable que los trabajadores padecen a diario. El estrés que provoca la falsa competencia que generan estas patronales no hace más que aumentar la insalubridad y las condiciones de flexibilización, modificando en muy poco tiempo el planten de trabajadores en dicho sector. Esto no es más que el `blanqueo´ del trabajo en negro y de los innumerables abusos que se padecen a diario”.

Los trabajadores del sector exigen una nueva audiencia de conciliación, la reincorporación de Sanfilippo, la mejoras de las condiciones de trabajo, y el respeto a la democracia sindical.

Vía Argenpress

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La causa judicial contra las telefónicas

20 noviembre, 2008
La justicia federal de Argentina investiga una presunta defraudación de las principales telefónicas del país que puso en alerta roja a Telefónica, CTI (hoy Claro), Nextel y Telecom. Por este expediente ya está procesado el ex secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, hoy cercano al macrismo. Se acusa a las telefónicas de quedarse con 350 millones que correspondían a los usuarios.

La famosa desrregulación total del mercado telefónico que impulsó el ex secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se presentó como un gran avanece que permitiría terminar con el monopolio de Tlefónica y Telecom instaurado durante el menemismo y que redundaría en mejor servicio a costos más baratos, para los usuarios .

Sin embargo, detrás del supuesto beneficio la justicia descubrió una maniobra aparentemente ilegal para quitarle dinero a los usuarios, que ahora podría llevar a juicio a Aguiar y otros funcionarios dellaruistas, así como a los entonces responsables de las principales empresas telefónicas.

Con el aval e impulso de la Cámara Federal, el fiscal federal Federico Delgado reclamó días atrás la indagatoria de cuatro presidentes de compañías de telefonía celular por no haber cumplido con la aplicación del Fondo Fiduciario para el Servicio Universal, que debía ser sustentado por las propias empresas y no por los usuarios, tal como ocurrió en la práctica.

Si el juez federal Norberto Oyarbide que instruye la causa accede, los citados serán los directivos entre el 1999 y el 2001 de las empresas de Personal, Unifón (ahora Movistar), CTI (ahora Claro) y Nextel, los que podrían desfilar por el banquillo de los acusados.

La causa tomó impulso en el 2005, cuando organizaciones de usuarios plantearon sus reclamos y, a instancias del Poder Ejecutivo, las empresas fueron intimadas a devolver los fondos en cuestión.

Según se determinó, las compañías lograron embolsar unos 350 millones de pesos financiados por los usuarios para concretar el llamado “Servicio Universal”, que se debía ser sustentado por las empresas de telefonía celular a partir de sus propios ingresos.

De qué los acusan

Sintetizando, el fiscal Delgado acusa a las telefónicas de trasladar a los usuarios el costo de implementar una desrregulación del servicio telefónico, que debían absorber; y en consecuencia pidió la indagatoria de los funcionarios y los ejecutivos de las telefónicas que instrumentaron esta “desviación” de lo que exigía la ley que desrregulaba el mercado telefónico.

“Reclamamos que convoque a prestar declaración indagatoria a los directivos de las empresas prestatarias del servicio telefónico que se beneficiaron con los frutos derivados de este acontecimiento ilegal”, dice el dictamen de la fiscalía ante el juez Oyarbide.

El fiscal Delgado sostuvo en su dictámen que las empresas estaban obligadas a aportar el 1 por ciento neto de los ingresos generados por la prestación del servicio por la desregulación telefónica, pero increíblemente a partir del 1 de enero de 2001 trasladaron a los usuarios ese costo.

“En otras palabras, en vez de contribuir con dinero propio “tomaron” de sus clientes el 1% más de lo que habían gastado en realidad para hacer frente a la obligación antes individuada. Expresado con mayor claridad: una forma segura de asumir compromisos sin riesgo”, agrega el fiscal en su dictámen.

Procesados

La noticia, que apenas apareció en los diarios pero circuló por todo el mundillo empresarial, preocupó a los directivos de las empresas telefónicas.

La Fiscalía promovió además el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público de dos ex funcionarios en el gobierno de la Alianza: el entonces secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar; y su par del área del Consumidor, Carlos Winograd.

A Winograd y Aguiar les cayó como un balde agua fría la noticia del procesamiento: es que los dos ya habían sido sobreseídos (es decir, encontrados libres de sospechas) por el juez Norberto Oyarbide, pero la apelación fiscal llevó a la Sala I de la Cámara Federal a revisar la causa y revocar la resolución.

Ellos fueron los ideólogos de la desrregulación total del mercado telefónico y quienes cerraron el acuerdo en junio del 2000, que se promocionó como el fin del monopolio que habían tenido durante la gestión menemista Telefónica y Telecom.

La Cámara quiere investigar

Cuando el juez Oyarbide sobreseyó a Winograd y Aguiar y dio por cerrado el caso, el fiscal Delgado apeló y hace dos meses los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ordenaron la reapertura de la investigación en un muy duro pronunciamiento.

Con ese fallo en la mano, Delgado reclamó a Oyarbide el procesamiento a Aguiar y Winograd y el llamado a indagatoria de los directivos de las “empresas prestatarias del servicio telefónico que se beneficiaron con los frutos derivados de este acontecimiento ilegal”.

En su pedido, el fiscal sostuvo que esos ex funcionarios fueron “cómplices” de la maniobra que “permitió y toleró que aquellas empresas se apropiaran ilegalmente de una sumas de dinero extraídas ilegalmente de los usuarios”.

Delgado agregó que, Henoch y Winograd cometieron delitos porque “no crearon el fondo fiduciario para financiar el servicio universal”, además de “permitir que se lleve adelante esa extracción compulsiva de dinero anclada en el engaño derivado de la asimetría de información entre las empresas y los usuarios individuales”.

Acto seguido, reclamó el procesamiento de Aguiar y Winograd, asi como la indagatoria de “los presidentes de las empresas Nextel Communications Argentina SA, CTI Compañía de Teléfonos del Interior SA, CTI PCS SA, Telecom Personal SA, Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA (CRM) y Telefónica Comunicaciones Personales (TCP)”.

Vía La Política On Line

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Brasil creará su propio gigante de la telefonía

17 octubre, 2008

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó este viernes una reformulación de las normativas de concesión de servicios públicos, para permitir la creación de un gigante de telefonía mediante la compra de Brasil Telecom por parte de Oi.

Pese a que el texto aún tendrá que ser analizado por el Consejo Consultivo de la propia Anatel para luego ser elevado al Ministerio de Comunicaciones, previo a su sanción por el presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, las dos empresas ya habían anunciado en abril pasado haber llegado a un acuerdo para cerrar el negocio.
Por el entendimiento, Oi habría pactado pagar 5.860 millones de reales (unos 3.500 millones de dólares en ese momento) por Brasil Telecom.

Con ello, surgiría en Brasil una empresa gigante, llamada ‘Súper Tele’ por los analistas, que tendría el control del 78% de los servicios de telefonía fija en todo el país.

No obstante, cuando Oi y Brasil Telecom se pusieron de acuerdo la normativa vigente de telecomunicaciones impedía el negocio, y por ello fue necesario que Anatel modificase su plan de concesiones, con apoyo del Gobierno y del Congreso.
Oi, cuyas acciones pertenecen a inversores brasileños, fondos de pensión y al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), explota la telefonía fija en el noroeste, norte, noreste y sureste de Brasil y la fusión reforzará su liderazgo en ese sector.

Brasil Telecom es el operador de telefonía fija del norte, centro-oeste y sur del país. Entre sus principales accionistas se contaba el grupo estadounidense Citicorp, que se desligó de la empresa durante las negociaciones con Oi que se desarrollaron desde enero pasado.

La empresa fusionada tendrá 22,2 millones de clientes, sobre un total nacional de 34,83 millones, según estadísticas del sitio de telecomunicaciones Teleco.

Vía Empresasnews

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La Ley de Radiodifusión no va a ser sancionada este año

6 octubre, 2008

Tanto legisladores oficialistas como opositores reconocen que no hay margen para que la reforma a la norma que rige el funcionamiento de los medios sea aprobada antes del cierre del período legislativo. La controversia que desató su debate en el Congreso y los efectos aún vigentes de la derogación de la Resolución 125 motivaron el estancamiento.

Por Gabriel Ziblat

Las dificultades del oficialismo en el Congreso para realinear la tropa luego del cimbronazo que significó el conflicto con el campo, están por provocar la primera víctima: el proyecto de reforma de la denominada Ley de Radiodifusión.Gran parte de las fuentes consultadas por PERFIL, en su mayoría del oficialismo, coincidieron en señalar que es altamente improbable que el proyecto se llegue a tratar este año, como aspiraba el oficialismo, básicamente porque consideran que “no es el momento apropiado”.

La idea de modificar la Ley de Radiodifusión, una norma que viene de la última dictadura, fue anunciada por el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, en abril, a poco de asumir. “La madre de todas las batallas es una nueva Ley de Radiodifusión”, decía en ese entonces. Meses después, en medio del conflicto con el campo, el Gobierno lo anunciaba con bombos y platillos. Pero ahora la situación parece haber cambiado para el oficialismo. “No estamos en condiciones de ingresar en otra batalla, y menos en una en donde llevamos todas las de perder”, confesó a PERFIL una alta fuente del oficialismo que habla seguido con el matrimonio presidencial.

Para la diputada radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, el anuncio era “para apurar a los medios durante el conflicto, fue como una advertencia, un amedrentamiento”. “Me parece increíble que estemos en nada, dijeron que venía el proyecto en julio, agosto, septiembre y ahora me parece que no hay voluntad de tratarlo”, agregó.

Luego de la votación de la Resolución 125, las posturas comenzaron a cambiar, y ya se escuchaba hablar de que se podía llegar a enviar “un proyecto light”. Ahora, un influyente diputado del bloque kirchnerista le reconoció a PERFIL: “Yo no creo que venga este año”. “Sería tener de nuevo a Clarín, La Nación y muchos grupos de radio en contra, y no es el momento. Es conveniente dar un amplio debate”, agregó, con un dejo de ironía. Otra fuente de la cúpula del bloque, que también prefirió la reserva, aseguró que “no hay indicios de que el proyecto se vaya a tratar este año”. Desde la oficina del titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, fueron bien claros: “A nosotros no nos mandaron ningún proyecto y no tenemos ninguna información”.

El mismo Mariotto decidió sacarle un pie del acelerador al proyecto. Hace dos semanas se presentó ante las comisiones de Comunicación y Libertad de Expresión de Diputados. Allí se le preguntó dos veces cuándo iban a enviar la norma al Congreso. Primero no contestó, y ante la insistencia sentenció: “Primero hay que definir la norma digital”.

En similar sentido se expresó el jefe de Gabinete, Sergio Massa, en las respuestas por escrito que entregó el miércoles en la Cámara baja. Ante una pregunta de Miguel Bonasso, respondió: “El envío del proyecto se realizará una vez definidos los aspectos técnicos incorporados en el anteproyecto”. Además, citó una respuesta que dio Cristina de Kirchner en la conferencia de prensa del 5 de agosto: “Habrá un proceso de discusión y debate con todos los actores involucrados”.

Desde la oposición, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, criticó que luego del anuncio “el tema no ha estado más en la agenda parlamentaria”. “Pareciera que hubo premura en el anuncio, y que ahora se dilató”, agregó.

Un avance forzado

*Julio 2006: Kirchner presentó en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Radiodifusión.

*Abril 2008: Mariotto, aliado de Albistur, asumió como interventor del Comfer con el mandato de elaborar una nueva ley. Cristina se reunió con CGT, CTA, universidades y productores independientes.

*Septiembre 2008: Mariotto se presentó en la Cámara de Diputados. Evadió respuestas y desaceleró el impulso de la nueva ley.

*Octubre 2008: Sergio Massa expresó en el Congreso que debe haber un proceso de discusión y debate con todos los actores involucrados.

Vía Perfil

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Estados Unidos: grupos de derechos humanos recusa ley de “espionaje”

20 julio, 2008

El Centro Estadounidense del PEN se unió a la Unión Estadounidense de
Libertades Civiles (ACLU), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y
otras importantes organizaciones para desafiar al Gobierno estadounidense
por la constitucionalidad de una nueva ley de espionaje.

Según el grupo de derechos la recientemente promulgada Ley de Enmienda de
la Ley de Espionaje de Inteligencia Federal (FISA) otorga a la
administración facultades para realizar y ampliar las actividades de
escucha ilegales a las que se ha dedicado en secreto desde el año 2001.

Los grupos de derechos humanos dicen que el Gobierno podrá practicar un
espionajes “amplio y virtualmente sin reglamentos” de las comunicaciones
internacionales de sus residentes y ciudadanos sin identificar a personas
específicas ni obtener una orden judicial de FISA específica. Tampoco
necesita especificar que el objetivo del espionaje esté realmente vinculado
con el terrorismo, aunque la amenaza a la seguridad nacional fue la
justificación de la administración para enmendar la ley.

La ACLU también desea saber qué ocurre con la información obtenida por
espionaje que recoge el gobierno, después de que se considera que no es
pertinente para un caso específico.

El PEN, que cree que sus comunicaciones rutinarias con escritores y
activistas de derechos humanos en el extranjero son vulnerables al
monitoreo bajo el programa, calificó a la ley de violación innecesaria a
las protecciones constitucionales contra búsquedas y decomisos fuera de lo
razonable.

“El conocimiento de que estos intercambios podrían ser monitoreados por el
Gobierno estadounidense socava la confianza necesaria para que reunamos
información crucial y sirvamos como defensores creíbles y eficaces “, dice
el PEN.

Lo mismo se aplica a los periodistas, dice un miembro de la coalición, la
revista “The Nation”. “Esta ley amenaza su capacidad para obtener
información crucial”, dice el editor de la revista.

El PEN dice que la ley podría también socavar los derechos de todos los
ciudadanos estadounidenses al dedicarse a conversaciones privadas por
teléfono e Internet sin temor de que el Gobierno esté escuchando.

“El pueblo estadounidense, que ha perdido la seguridad de saber que sus
comunicaciones sólo pueden ser vigiladas si el Gobierno obtiene una orden
judicial de FISA, tal vez nunca sepan el alcance del programa y la forma en
que se está usando”, dice el PEN.

La Ley de Espionajes de Inteligencia Extranjera (FISA) original, promulgada
en 1978 tras revelaciones de que el Gobierno había estado espiando a
ciudadanos estadounidenses sin causa, exige que el Gobierno busque la
aprobación de un tribunal secreto para efectuar programas de espionaje en
EE. UU. “The New York Times” reveló que la administración Bush autorizó un
nuevo programa de espionaje tras el 11 de septiembre de 2001 que
simplemente pasó por alto la FISA.

Un dramático testimonio del congreso del año pasado reveló que la
administración volvió a autorizar repetidamente el programa, a pesar del
punto de vista del departamento de Justicia de que algunos aspectos clave
del programa eran ilegales.

Según el PEN, los clientes de compañías de telecomunicaciones que
participaron en el programa han interpuesto más de 40 demandas contra
éstas. La Ley de Enmiendas de la FISA también concede inmunidad a las
compañías de telecomunicaciones, y así hace que las demandas sean
discutible, lo que muchos creen que era el mejor medio disponible para
denunciar el espionaje ilegal.

Si la coalición pierde en el tribunal de la FISA, posiblemente no haya otra
oportunidad de poner riendas al amplio espionaje gubernamental durante al
menos el resto del periodo legislativo, y posiblemente más tiempo. Aunque
el Congreso puede examinar las leyes, ambos candidatos presidenciales
favorecen la ley.

Más de 50,000 personas firmaron ya un anuncio de campaña de la ACLU
destinado para “The New York Times” el 17 de julio en:
http://tinyurl.com/5hqnlm

Visite estos vínculos:
– Centro Estadounidense del PEN: http://tinyurl.com/57jn7l
– ACLU, incluyendo presentación de demanda ante Tribunal de la FISA:
http://www.aclu.org/faa
– Buen análisis de la Ley de Enmiendas de la FISA por “The Washington
Independent”: http://tinyurl.com/66z7xd
-“El país”: http://tinyurl.com/6mcytc

Vía IFEX